Denunciaron a empresas pesqueras por operar en el Mar Argentino con licencias británicas de Malvinas
Una presentación judicial apunta contra siete corporaciones internacionales por presunta evasión del control aduanero y comercialización no autorizada de recursos soberanos en el Atlántico Sur.
La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una denuncia penal contra empresas pesqueras internacionales que operan en el Mar Argentino con permisos otorgados por las autoridades británicas instaladas en las Islas Malvinas. La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano.
De acuerdo con el planteo legal, existiría una maniobra sistemática de evasión del control aduanero. Los letrados sostienen que las compañías extraerían recursos pesqueros del territorio nacional para realizar exportaciones, transbordos en alta mar o descargas directas en puertos extranjeros u operadores locales en las islas, omitiendo de forma deliberada la fiscalización soberana de la Argentina.
Al tratarse de autorizaciones emitidas por una potencia ocupante de facto, las firmas aplicarían un ardid destinado a impedir que la Aduana argentina controle la mercadería. Esto permitiría eludir el pago de los derechos de exportación correspondientes y eludir el cumplimiento de las normativas de los regímenes cambiarios vigentes en el país.
La acción judicial focalizó la atención en corporaciones de origen extranjero, particularmente de la región española de Galicia, las cuales operarían en sociedad con empresas mixtas constituidas en el archipiélago bajo el amparo de licencias calificadas en la presentación como ilícitas. Entre las firmas señaladas figuran Lanzal (Petrel Fishing Company Ltd.), Grupo Pereira (Argos Group Ltd.), Pescapuerta (South Atlantic Squid), Copemar (South Atlantic Squid), Ferralmes (Castelo Fishing Co.), Hermanos Touza (Beaufort Fishing Ltd.) y Moradiña (Polar Ltd.).
Tras su ingreso formal a los tribunales, el expediente quedó radicado en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 7, bajo la órbita del magistrado Juan Pedro Galván Greenway, quien deberá evaluar los pasos procesales a seguir.
Frente a este nuevo capítulo judicial por la defensa de nuestros recursos naturales y la soberanía en el Atlántico Sur, ¿considerás que la Justicia federal logrará frenar la extracción ilegal de nuestra riqueza pesquera?
