El Gobierno oficializó medidas sobre Malvinas y enviará una ley para castigar la explotación petrolera sin autorización
A través de decretos en el Boletín Oficial, el Ejecutivo endurece controles hidrocarburíferos, refuerza fondos de Defensa y alista un proyecto integral para el Congreso.
El presidente Javier Milei formalizó este viernes en el Boletín Oficial las medidas anunciadas por cadena nacional vinculadas con la soberanía sobre las Islas Malvinas. El paquete combina decretos de aplicación inmediata con un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que será remitido al Congreso durante la próxima semana.
Mediante el Decreto 868/2026, Cancillería quedó designada como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, estableciendo un procedimiento sumario y abreviado para investigar y sancionar a personas o firmas que operen sin aval del Estado en aguas de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Los organismos públicos deberán denunciar irregularidades en cinco días hábiles y los acusados dispondrán de diez días para su descargo. Asimismo, se fijaron filtros al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): las empresas solicitantes deberán certificar mediante declaración jurada que ni ellas ni sus socios incurren en estas actividades prohibidas.
En paralelo, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, el Ejecutivo modificó partidas presupuestarias destinadas a gastos salariales, inteligencia, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y Defensa. En esta última área, los fondos priorizarán el equipamiento de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de las telecomunicaciones y el avance de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, pensada como nodo logístico estratégico hacia la Antártida.
La segunda fase del esquema quedará plasmada en el proyecto legislativo que ingresará en los próximos días. La iniciativa endurecerá penas, alcanzará a la cadena de proveedores de compañías infractoras e inhabilitará comercialmente a los responsables para operar con entidades públicas o privadas en el país. También contempla la figura del juicio en ausencia, expande el régimen a otros recursos naturales más allá del caso petrolero Sea Lion y crea un Consejo de Seguridad Nacional integrado por Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía para coordinar la vigilancia aeroespacial y marítima.
Frente a la necesidad de blindar los recursos estratégicos en el Atlántico Sur y proteger los derechos soberanos de la Nación, ¿considerás que estas sanciones económicas y controles sobre grandes inversiones resultarán efectivos para frenar las actividades unilaterales en la región?
