Los «nuevos ricos» bajo la lupa: quiénes son los acusados por narcotráfico y violencia

Figuras con causas acumuladas durante años enfrentan un cambio de postura judicial y policial. Ostentación, territorio y alianzas al descubierto.

Durante años, circularon por las calles tucumanas y las redes sociales exhibiendo camionetas de alta gama, joyas, viajes al exterior, armas y costosas fiestas con artistas nacionales. Se trata de un grupo de al menos 10 personas que el legislador José Cano bautizó como los «nuevos ricos de Tucumán», sospechadas de liderar redes delictivas, lavar dinero y comprar silencios vecinales mediante tareas sociales y presuntas coberturas de complicidad.

Históricamente, muchos de ellos caían por contravenciones o delitos menores mientras sus expedientes pesados quedaban estancados. Sin embargo, la postura oficial muestra un viraje. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, afirmó que existe una «decisión política» de avanzar «caiga quien caiga», mientras fiscales provinciales y federales unifican pruebas para comprometer la situación procesal de los implicados.

Entre los principales apuntados sobresale Javier «Chuky» Casanova, señalado por iniciar redes de narcomenudeo en el barrio Oeste II y hoy tras las rejas vinculado al tráfico de 50 kilos de cocaína secuestrados en Jujuy. En el mismo mapa aparece Facundo Ale, para quien la Fiscalía solicitó seis años y medio de prisión por una balacera en una fiesta electrónica, pena que sería de cumplimiento efectivo al arrastrar una condena previa vinculada al ataque contra miembros de Los Gardelitos.

A esta nómina se suman Walter «Petiso David» Lobos, referente de Los Gardelitos procesado por lavado de activos tras figurar en múltiples causas por estupefacientes; Lucas Córdoba, procesado inicialmente por narcomenudeo y venta de armas; y Jorge «Pelaín» Nasif, sindicado como proveedor en el sur provincial y Termas de Río Hondo tras hallazgos de drogas de la Digedrop.

El listado se completa con Miguel «Miguelón» Figueroa, condenado por homicidios y amenazas al gobernador Osvaldo Jaldo y a magistrados; los hermanos Walter, Emanuel y Cristian Caro, denunciados por extorsión desde el encierro; y Santiago «Cara i’ Gota» Villafañe, recientemente entregado y acusado de tiroteos en el Oeste II.

El escenario no solo expone delitos individuales, sino también disputas feroces por territorio en barriadas populares, acusaciones de «mejicanear» cargamentos y pactos cruzados para copar las tribunas del estadio de La Ciudadela a los tiros.

Ante causas que tardaron años en avanzar mientras el poder económico de estos sospechosos crecía a la vista de todos, ¿considerás que la unificación de expedientes judiciales logrará desarticular de forma definitiva estas redes en la provincia?