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TUCUMAN

Procesaron a padre e hijo por el millonario loteo ilegal «Las Pirámides» en San Javier

El juez federal Guillermo Díaz Martínez dictó los procesamientos sin prisión preventiva y millonarios embargos contra los responsables del emprendimiento inmobiliario irregular instalado en terrenos protegidos de la UNT.

La causa por el polémico desarrollo inmobiliario conocido como «Las Pirámides», ubicado en pleno pulmón verde de las sierras tucumanas, dio un paso clave en los tribunales federales. El juez federal Guillermo Díaz Martínez procesó sin prisión preventiva a Próspero Marcelo Sosa y a su hijo Marcio por su responsabilidad en el emprendimiento instalado en terrenos pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en la zona de San Javier.

La resolución judicial, que no constituye una condena firme pero permite a ambos continuar el proceso en libertad, dispuso además embargos preventivos por $500 millones sobre los bienes del padre y por $200 millones sobre los del hijo. De acuerdo con el expediente impulsado por el fiscal federal Agustín Chit, los hechos investigados comprenden el período 2019-2024 e involucran el loteo, la comercialización irregular de terrenos y graves intervenciones en el sector sur del Parque Sierra de San Javier, un área bajo tutela universitaria desde 1948.

En detalle, Próspero Sosa —administrador del barrio en cuestión— fue procesado por los delitos de usurpación mediante despojo, defraudación por estelionato y daño agravado a bienes de uso público. A su hijo Marcio se le atribuyó una participación secundaria en los hechos de usurpación y daños ambientales.

El magistrado fundamentó su decisión en un riguroso entrecruzamiento de pruebas que incluyó informes técnicos de la UNT, Catastro, Renaper, EDET y Enacom, además de constataciones judiciales realizadas en 2019, 2022 y 2024, relevamientos aerofotogramétricos y publicaciones en redes sociales. Uno de los datos más elocuentes de la investigación refleja la rápida expansión del predio ubicado a la altura del kilómetro 28 de la ruta provincial 338: mientras que en abril de 2019 se registraron 25 viviendas terminadas, los relevamientos contabilizaron 54 construcciones en abril de 2024 y 70 inmuebles georreferenciados hacia junio de ese mismo año.

Asimismo, la Justicia acreditó la firma de al menos 19 boletos de compraventa y una cesión de derechos posesorios. De ese total, al menos 12 operaciones se concretaron de manera posterior a la medida cautelar dictada el 3 de diciembre de 2018, que prohibía de manera expresa cualquier tipo de construcción, venta de lotes o tala en el lugar.

La defensa de los imputados había intentado frenar el avance judicial al invocar el principio de cosa juzgada, argumentando que Sosa ya había sido investigado por usurpación en una causa iniciada en 1998 y sobreseído en 2008. Sin embargo, el juez rechazó de plano este planteo al remarcar que el emprendimiento Las Pirámides no existía en aquella época y que las ventas, desmontes y construcciones actuales constituyen hechos posteriores y totalmente autónomos.

En cuanto al daño agravado, el fallo detalló la magnitud del impacto ecológico, constatando desmontes, tala indiscriminada, apertura de caminos y alteraciones irreversibles en la morfología del área protegida.

Mientras los acusados afrontan el proceso bajo medidas cautelares y millonarios embargos en nuestra provincia, ¿considerás que este tipo de fallos judiciales frenará definitivamente los loteos ilegales en las zonas protegidas de las sierras tucumanas?

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