Reclamo a Cancillería: excombatientes exigen sanciones y protestas por una nueva vía marítima entre Chile y Malvinas
El CECIM emplazó por 72 horas al canciller Pablo Quirno para que active medidas diplomáticas, prohíba el uso de puertos nacionales y denuncie la apertura de la ruta comercial en foros internacionales.
El Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) formalizó una exigencia legal directa contra el canciller Pablo Quirno a través de una carta documento, reclamando respuestas inmediatas frente a la confirmación de una nueva conexión marítima comercial directa entre el puerto chileno de Punta Arenas y las Islas Malvinas. La iniciativa británica-chilena, anunciada por el intendente local Claudio Radonich, tiene previsto iniciar sus operaciones de manera formal durante el próximo mes de noviembre.
La presentación jurídica se sustentó de manera directa en los alcances de la Ley 26.659 y el Decreto 868/2026, normativas que otorgan al Palacio San Martín la facultad exclusiva de sancionar cualquier tipo de actividad vinculada a la logística insular no autorizada por el Estado argentino en su plataforma continental. Bajo este marco legal, la organización de excombatientes requirió que se instruya a la representación diplomática en Chile para formalizar una protesta de carácter oficial, además de elevar el reclamo ante el gobierno del Reino Unido.
Entre las demandas principales, el escrito exige el inicio inmediato de expedientes sancionatorios contra las empresas Easter Island Naviera, Easter Island Logistics y la Falkland Islands Development Corporation. Asimismo, se solicitó la prohibición absoluta del uso de puertos argentinos para el reabastecimiento logístico de las naves vinculadas al corredor, la notificación a los organismos reguladores bursátiles sobre el riesgo legal de las firmas involucradas y la anulación de permisos de navegación bajo el amparo del Decreto 256/2010.
La intimación estableció un plazo perentorio de 72 horas para que la Cancillería proceda con los requerimientos exigidos, argumentando que la defensa de la soberanía nacional frente a estas operaciones constituye una obligación ineludible y no una facultad sujeta a criterios políticos. En paralelo, el CECIM exigió que la denuncia sea presentada de manera formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de Descolonización, la CELAC y el bloque del MERCOSUR.
¿Considerás que este tipo de medidas legales y diplomáticas resultan suficientes para frenar la consolidación de rutas logísticas hacia las islas?
