Condenaron a 13 años de prisión a un expolicía por estafas millonarias en El Bajo
El ex sargento Daniel Edgardo Chavarría recibió una pena de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de un fraude superior a los $50.000.000 contra puesteros de una galería céntrica.
En un fallo histórico para el ámbito judicial del microcentro tucumano, la Justicia condenó este martes al ex sargento de policía Daniel Edgardo Chavarría a la pena de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo. El tribunal consideró plenamente acreditado que el exagente lideró un esquema delictivo que provocó un perjuicio patrimonial superior a los $50.000.000 en contra de comerciantes y feriantes de una concurrida galería comercial ubicada en la tradicional zona de El Bajo, en San Miguel de Tucumán.
La investigación y la acusación durante el debate oral estuvieron a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila y representada en las audiencias por la auxiliar de fiscal Emely Rafael junto a Florencia Giménez Saravia. Durante los alegatos, desde el Ministerio Público Fiscal destacaron la valentía de los damnificados al sostener que «hay una pluralidad de víctimas que se han animado a denunciar» y que el acusado «estructuró y ejecutó un plan sistemático que quedó plenamente probado en el debate».
Al momento de dar a conocer el veredicto, la jueza Alejandra Balcázar avaló la teoría del caso presentada por la fiscalía y declaró a Chavarría autor penalmente responsable de los delitos de estafa por abuso de confianza en concurso real con estafas reiteradas. Además, ante el riesgo procesal y para garantizar que la condena sea cumplida tras las rejas, la magistrada ordenó su inmediata prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación, el accionar delictivo del expolicía se basaba en dos modalidades principales. Por un lado, valiéndose de la confianza construida con los puesteros y propietarios, cobró dinero en efectivo en concepto de adelantos de alquileres y renovaciones contractuales proyectadas para el período 2024, perjudicando tanto a los trabajadores independientes como a la firma dueña del predio. Por otra parte, simuló tener facultades para comercializar puestos en construcción dentro del centro comercial, ofreciendo y vendiendo locales inexistentes a compradores de buena fe que entregaron sumas millonarias convencidos de que realizaban transacciones legales.
Ante este tipo de delitos económicos que afectan directamente a los trabajadores locales y a la confianza en los espacios comerciales tradicionales de nuestra ciudad, ¿considerás que las penas de prisión efectiva logran disuadir este tipo de maniobras defraudatorias en la provincia? Dejanos tu opinión en los comentarios.
