Crimen en Barrio El Salvador: los acusados por la muerte del mecánico estarán con prisión preventiva

Oscar Corbalán y Luciano Valenzuela fueron imputados como coautores de homicidio simple tras el violento episodio registrado el lunes en la capital tucumana.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos jóvenes de 21 y 23 años, acusados de haber asesinado al mecánico Ignacio Matías Jiménez (25) en un violento episodio ocurrido el lunes en el barrio El Salvador, en San Miguel de Tucumán. Ambos permanecerán bajo prisión preventiva durante los siguientes tres meses mientras avanza la investigación, sin descartarse la participación de más personas.

El hecho se desencadenó alrededor de las 11 del pasado 14 de septiembre, a raíz de una presunta disputa vinculada con el pago de la reparación de una motocicleta que Jiménez le había realizado al hermano menor de uno de los sospechosos. Tras un primer cruce verbal y una pelea a golpes de puño en la esquina de la calle Baclini, el conflicto escaló de manera trágica cuando uno de los implicados regresó a su domicilio y salió armado con cuchillos.

De acuerdo con la teoría expuesta por la Fiscalía de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, la víctima salió a la vereda provista de un caño metálico para defenderse. En ese contexto de extrema tensión, el segundo acusado habría intervenido para despojar al mecánico del elemento de defensa, facilitando el ataque mortal que le provocó un shock hipovolémico tras recibir una herida punzocortante en la zona torácica.

Tras el llamado de alerta, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y personal policial trabajaron en la escena para recolectar evidencias, testimonios de vecinos y secuestrar armas blancas utilizadas en la agresión. Durante la audiencia judicial respectiva, la auxiliar fiscal María José Agüero fundamentó el pedido de encierro preventivo argumentando la existencia de riesgos procesales como peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, dado que los imputados residen a pocos metros del entorno familiar de la víctima.

Por su parte, la defensa legal solicitó medidas alternativas e introdujo argumentos sobre una supuesta legítima defensa, además de requerir una evaluación psiquiátrica para uno de los jóvenes en el hospital Obarrio. Tras escuchar a las partes e interrogar a uno de los acusados, la jueza interviniente resolvió hacer lugar al requerimiento fiscal, ordenando el alojamiento preventivo de ambos y disponiendo los estudios médicos correspondientes para determinar su condición de salud mental.

¿Considerás que este tipo de disputas barriales cotidianas deben recibir mayor intervención preventiva de las fuerzas de seguridad en los barrios de la capital?