Discapacidad: el Gobierno dio marcha atrás y mantendrá la actualización mensual tras las críticas de los aliados

Presionado por la oposición dialoguista en la Cámara de Diputados, el oficialismo debió modificar su estrategia y acordó sostener los principales puntos de la emergencia en discapacidad.

Tras una fuerte tensión política generada la semana pasada, el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en los apartados sobre discapacidad proyectados en el Presupuesto. Autoridades de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja, encabezadas por el presidente del cuerpo Martín Menem y el jefe de bloque Gabriel Bornoroni, mantuvieron un encuentro clave con representantes de los bloques aliados para cerrar un entendimiento que evite un revés legislativo.

El eje central del acuerdo radica en mantener la actualización mensual del nomenclador a los prestadores atada a la movilidad, un punto resistido inicialmente por el Poder Ejecutivo que pretendía que cada obra social o prepaga fijara sus propios valores. Pese a que aún resta pulir detalles técnicos y contar con el visto bueno definitivo de la Casa Rosada, legisladores del Pro y la UCR confirmaron la modificación, considerada indispensable para asegurar el acompañamiento en la comisión de dictamen.

La iniciativa original del Presupuesto había encendido las alarmas al plantear que las prestaciones básicas carecerían de valores universales, además de provocar un fuerte cimbronazo político que derivó en cortocircuitos internos y en la salida del entonces titular del área, Alejandro Vilches. Ante la negativa generalizada a respaldar el capítulo en cuestión, el oficialismo optó por ceder y rediseñar el esquema para contener los reclamos de sus socios parlamentarios, incorporando incluso una partida presupuestaria específica y la publicación de un cronograma de pagos para las compensaciones por la emergencia.

Asimismo, el texto consensuado contempla la continuidad del otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y de las pensiones no contributivas por invalidez, las cuales equivalen al 70% de la jubilación mínima y permitirían compatibilizar el beneficio con un empleo formal siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.

Si bien la mayoría de los bloques aliados expresaron su predisposición para respaldar el dictamen, sectores opositores y referentes provinciales manifestaron prudencia a la espera de revisar la letra chica definitiva del proyecto, advirtiendo sobre la desconfianza generada tras la jugada inicial del Ejecutivo.