Retiros voluntarios: economistas anticipan un ahorro acotado y advierten sobre el impacto en el Estado

El Gobierno abrió un esquema para unos 37.000 empleados de Presidencia y los ministerios con el fin de profundizar el achique del gasto. Especialistas señalan que la adhesión podría ser baja y alertan por la pérdida de personal calificado.

Luego de haber despedido a unos 77.000 empleados públicos, el Gobierno nacional avanzó con la implementación de un nuevo esquema de retiros voluntarios destinado a la Administración Central, que incluye a la Presidencia y a los distintos ministerios. La medida abarca potencialmente a unos 37.000 trabajadores sobre un total de 269.000 que componen la Administración Pública Nacional (APN), con el objetivo central de continuar achicando el gasto corriente.

De acuerdo con datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el presupuesto asignado este año para este personal asciende a unos $13,4 billones, de los cuales ya se ejecutó el 72%. Sin embargo, referentes económicos y directores de consultoras advierten que el impacto financiero de la iniciativa podría ser limitado debido a que el volumen de adhesiones suele ser reducido y se concentra en agentes cercanos a la edad jubilatoria.

Desde el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), su director Jorge Colina señaló que la medida carece de gran relevancia fiscal por los bajos porcentajes de adhesión y remarcó que el Estado requiere un ordenamiento integral con profesionalización. En una línea similar, Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), explicó que la baja real del gasto dependerá de que los puestos liberados no sean cubiertos o se reemplacen a un costo menor.

Por su parte, el economista Pablo Moldován advirtió que estos esquemas tradicionales suelen derivar en la expulsión de los trabajadores más calificados, desprofesionalizando las capacidades de planificación del sector público. En contraposición, desde la fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky consideró que la medida apunta en la dirección correcta, destacando la eliminación definitiva de las vacantes y la prohibición de reingreso por ocho años para evitar la llamada «puerta giratoria», aunque advirtió que sin una reforma profunda del empleo público el Estado no necesariamente ganará en eficiencia.

El período de inscripción para los interesados permanecerá abierto del 1° al 30 de noviembre próximo, con tres categorías diferenciadas según la franja etaria y los aportes jubilatorios acumulados de cada agente, estableciendo topes indemnizatorios y compensaciones temporarias. Quedan excluidos de manera taxativa sectores específicos como las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, la SIDE y el servicio exterior, mientras las jurisdicciones competentes contarán con un plazo de hasta 40 días corridos tras el cierre para definir la aceptación de las solicitudes.

¿Considerás que este tipo de esquemas de retiro voluntario logra sanear las cuentas públicas de manera eficiente o termina afectando los servicios esenciales que presta el Estado a la ciudadanía?